Alemania está un paso más cerca de aprobar una reforma constitucional que proteja a sus ciudadanos LGTBI al máximo nivel normativo. El Bundestag inició el viernes pasado el debate sobre la inclusión en la Ley Fundamental de la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual. El cambio de postura de la CDU/CSU de la canciller Angela Merkel, que tras rechazar la iniciativa se muestra ahora favorable a estudiarla, aumenta las posibilidades de que se alcance un acuerdo en las próximas semanas.
El blindaje constitucional de la protección contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género es una reivindicación histórica del activismo LGTB alemán, que lo puso sobre la mesa tras las elecciones de 2017. Aunque el consenso parecía posible en las fallidas negociaciones entre CDU/CSU, FDP y Verdes, el decepcionante acuerdo que finalmente renovó la gran coalición entre democristianos y socialdemócratas ignoró este punto junto con el resto de las demandas de los colectivos.
En junio del año pasado, sin embargo, el SPD se unía al resto de fuerzas favorables a la igualdad LGTB representadas en el Parlamento alemán y con las que gobierna en cinco Länder para reclamar la medida. El Gobierno regional de Berlín, al que se unieron los de Brandeburgo, Bremen, Renania-Palatinado y Turingia, presentaba una iniciativa para blindar el derecho a la no discriminación de las personas LGTB en la Ley Fundamental alemana. La reforma presentada en el Bundesrat, la cámara de representación de los estados federados, consistiría en añadir la «identidad sexual y de género» a las categorías merecedoras de protección que recoge el artículo 3.3 de la Constitución, que en la actualidad reza:
Nadie debe ser discriminado o privilegiado por razón de su sexo, su origen familiar, su raza, su lengua, su procedencia, sus creencias, sus ideas religiosas o políticas. Nadie debe ser discriminado por razón de su discapacidad.
La reforma constitucional necesita el apoyo de los dos tercios tanto de la cámara alta como del Bundestag, por lo que el concurso de la CDU/CSU se hace imprescindible para su aprobación. La reticencia de la formación de la canciller a los avances legislativos en la igualdad LGTB provocó que la propuesta de los Länder en el Bundesrat quedara en suspenso por falta de mayoría. Ello a pesar de que a los cinco estados promotores se les había unido Schleswig-Holstein, gobernado por una coalición «jamaicana» entre CDU, liberales y verdes.
Bloqueada la vía del Bundesrat, los partidos de la oposición democrática (FDP, La Izquierda y Los Verdes) pusieron en marcha una iniciativa paralela en la cámara baja. El pasado mes de mayo anunciaron una proposición de ley para incluir la «identidad sexual» en el artículo 3.3 de la carta magna, una iniciativa que presentaron en el Bundestag en septiembre. Todavía entonces, los democristianos del partido de Merkel cuestionaban la necesidad del cambio. A diferencia del proyecto del Bundesrat, los legisladores omitieron la expresión «identidad de género», alegando que las personas trans ya están cubiertas por la referencia al sexo.
El debate sobre la proposición comenzó el pasado viernes con la grata sorpresa de la disposición de los democristianos a sumarse al consenso por la reforma. Un giro que explicitó Volker Ullrich al mostrarse favorable a un debate «abierto, sincero y constructivo» sobre la propuesta. Más aún, el diputado de la CSU defendió el blindaje de la no discriminación como una forma de disipar dudas sobre la constitucionalidad de las leyes de igualdad LGTBI, como el matrimonio igualitario. El apoyo de la formación de la canciller despejaría el camino hacia la aprobación de la reforma de la Ley Fundamental, a pesar de la beligerante oposición de la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD). Su diputado Fabian Jacobi justificó su rechazo a la medida en que, según su visión, la mayoría de los homosexuales querría mantener su orientación «en la esfera privada».
Precisamente el auge de los discursos de odio LGTBfobo, como el de los representantes de AfD, ha sido la principal motivación de las fuerzas políticas que han propuesto la medida. La legislación alemana contempla la prohibición expresa de la discriminación basada en la «identidad sexual» desde la aprobación en 2006 de la Ley General de Igualdad de Trato, pero su plasmación a nivel constitucional serviría de blindaje de estos derechos.
Actualmente, las Constituciones de Bolivia, Ecuador y Malta hacen referencia explícita a la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Las de México, Portugal, San Marino, Sudáfrica y Suecia mencionan solo la orientación sexual. Dentro de Alemania, los estados federados de Brandeburgo y Turingia se refieren en sus leyes fundamentales a la protección de las personas LGTB.
Tomado de dosmanzanas.com
